en México todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
la propia carta magna y en los tratados internacionales de
los que el país sea parte, significa un cambio tan positivo
como profundo en el funcionamiento del Estado mexicano.
De hecho, la propia reforma constitucional obliga a todas las
autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Además, el texto de la ley fundamental establece que la interpretación normativa en materia de derechos humanos se
hará de conformidad con la Constitución y con los tratados
internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección
más amplia a las personas.
La reforma tendrá efecto en la manera como trabajan
los legisladores federales y locales, pues cada decisión que
adopten deberá inscribirse en una labor de creación de leyes con perspectiva de derechos fundamentales. Lo mismo
puede decirse del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo,
así como de los órganos constitucionales autónomos y, por
supuesto, del Poder Judicial, en vista de que los jueces no
pueden limitar sus interpretaciones a las normas elaboradas
en nuestro país, sino que deben atender expresamente las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos.
